Otra vez la libreta de abastecimiento o el pollo del arroz con pollo
Giusette León García – CubaSí.- ¿Cuál es el pollo del arroz con pollo?, solía preguntar mi profesor de Periodismo Informativo cuando nos enseñaba a construir el lead de la noticia. Y resulta que la cuestión se me ha quedado como modelo para muchas otras situaciones en las que hace falta distinguir la sustancia, la esencia de las cosas.
Ahora mismo, la libreta de la bodega se ha convertido en “el pollo del arroz con pollo” otra vez, en tiempos en que muchos excepto Pánfilo, un anciano pensionado; bueno, ustedes lo conocen, tantos, reclamaban el “tiro de gracia” para ese mecanismo que “total, no sirve para nada”.
O mejor dicho, “no servía”; o aún mejor dicho: “nos creíamos que no servía”. A la hora cero, donde una situación epidemiológica compleja nos mantiene en vilo, otra vez en Cuba se vuelve a pensar en todos y todas empezando por los más vulnerables como el anciano pensionado, y la distribución normada a través de la libreta de la bodega, cartilla de racionamiento o tarjeta para la canasta básica, vuelve a ser la respuesta más justa y aclamada.
Mi amiga Rita Gema, economista de profesión y ama de casa de ocupación actual, me escribió enseguida: No faltaba más. Primero analizo que millones querían que la quitasen y ahora la añoran. Muy buena decisión de nuestro gobierno “dictador”, como dicen los sin sentido común. Es una manera de hacer llegar a cada casita un pedacito de lo poco que tenemos. Una vez más dando muestras de solidaridad y socialismo, nuestra Cubita está engrandeciéndose ante el mundo, y mi papá Fidel, orgulloso ha de estar de ver su legado”.
Sin salir de casa, a través del Messenger, consultamos algunos criterios, luego de que Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio del Comercio Interior, anunciara en el espacio televisivo Mesa Redonda que algunos productos liberados comenzarían a venderse mediante el sistema de la libreta de abastecimiento y la red de bodegas, sin subsidios, pero con un sistema controlado, y ratificó la prioridad que mantiene el país sobre la canasta familiar normada, que llega mensualmente a través de bodegas a núcleos familiares, es decir, cubanos, por supuesto, a lo largo y ancho de la isla.
Algunos, como mi colega Alina Mena, sintieron que les leían el pensamiento: Para mí, excelente, yo lo iba a hacer público en antes de que lo anunciaran. La joven Geissa Torres también es categórica: “por supuesto que estoy de acuerdo, yo y toda mi familia”. Y el profe de la Universidad de Matanzas, Emilio Fernández, tampoco tiene dudas: “estamos de acuerdo con la distribución regulada por la libreta de todo lo esencial en este momento”.
Dos fantasmas muy reales también animan el apoyo popular a esta medida, uno de ellos es la cola: “es lo mejor, así se evitan las aglomeraciones en las colas”, afirma Daylín Santana. La productora del grupo teatral El Portazo, Tamara Moreno, opinó: “Yo pienso que es lo mejor que pueden hacer porque hay personas, como los ancianos, que no están en condiciones de hacer colas en las tiendas, y además, no tienen las posibilidades económicas”.
El otro, una de las razones por las que crecen las colas: el miedo a que se acabe, y por ahí va el criterio de Gisela Benítez: lo veo muy bien, porque sabes que lo de cada tarjeta está ahí, no se te acaba. Su hija, Yeilyn Rodríguez, la apoya categóricamente: es lo mejor, cada cual tiene lo suyo y sabe que no se acaba por mucha cola que quieran hacer; de hecho, el que piense un poco, no hace colas”.
El productor y promotor cultural Hiram Torres considera: “Por supuesto que es una excelente opción para todos porque, entre otras cosas, lo primero es que la distribución es equitativa, algo muy importante. Por otro lado, evita las aglomeraciones, porque cuando la gente sabe que lo de ellos está seguro en la bodega, no se mata por ir a cogerlo, y esto también es muy importante, que la gente esté lo más tranquila posible porque el daño psicológico por todo lo que está pasando ya se comienza a ver en sectores vulnerables”.
Desde Mayabeque, la abogada Anay Roque resume varios motivos: “¡Muy bien pensado! Excelente. Acercar los productos al barrio, evitar aglomeraciones innecesarias y acaparamientos. Garantizar que a todos les llegue el alimento. Por su parte, la maestra primaria y Máster en Educación Yamila Montesino enumera ventajas muy concretas: Creo que sería muy buena opción, el recorrido es más corto para su búsqueda, menos personas implicadas, distribución equitativa y el mismo alcance para todos. Si existe la tarjeta, ¿por qué no aprovecharla?”.
Las expectativas de muchos están justamente en que este sistema contribuya a eliminar las molestas y dañinas colas en tiempos en que hay que permanecer unidos, pero no juntos, ni revueltos. Sin embargo, no faltan quienes, como Cari Padilla, trabajadora de Artex, ven incluso más allá del momento de crisis: “Eso es lo mejor, da equidad en esta situación y ayuda al consumidor, eso debiera llegar para quedarse porque es lo mejor. Todos tenemos un poquito y nadie puede revender, resolvemos dos problemas”.
El Director de la escuela primaria Abel Santamaría, del Vedado capitalino, reflexiona a propósito de este tema: “Es una opción muy interesante, sobre todo para aquellos núcleos de ancianos solos, y que les llegará a todos los núcleos. Lo que sucede, y así lo ha explicado nuestro presidente, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, es que hay productos en los cuales, por disímiles razones, entre ellas el bloqueo, no se ha podido garantizar al menos una vuelta del producto porque se necesita cantidades a las cuales no se ha podido acceder, y por eso hay que mantenerlo al menos regulados en la cadena de tiendas, aunque, lamentablemente, no llegue a toda la población”.
“Las personas con sensibilidad artística tienen capacidad para vislumbrar lo que el común de los mortales pasa por alto. Siempre hemos considerado la validez de ese documento por lo que representa para los menos favorecidos, porque todos no vivimos igual, y también hay que reconocerlo. Estas medidas, y ahora nos referimos a todas, apuestan por todos los cubanos”, escribió la musicóloga y profesora matancera Lourdes Fernández, quien agregó:
“Las medidas tomadas son muy atinadas, porque favorecen el orden, la disciplina, evitan las aglomeraciones, pero sobre todo en el orden humano que es lo más importante, a nuestro entender, favorecen a los sectores de la población que reciben un mayor impacto de esta situación, a los menos favorecidos, a los que requieren de mayor ayuda. Por otra parte, contrarresta que oportunistas, revendedores y personas siempre a la caza de situaciones adversas lucren con productos de primera necesidad, y se evita que, por carencias, caigamos en actividades ilícitas, que laceran nuestra ética como personas de bien. Fue muy bien explicado por los ministros y creemos oportuno también resaltar que nuestra sempiterna Libreta de abastecimientos cobra nueva vigencia, le sirvió el vaso de agua que Pánfilo le tiene puesto y que vemos todos los lunes…“
Estado de emergencia no es estado excepción, tres expertos en leyes lo explican
Víctor Manuel Martínez Bullé, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que el único que puede declarar un Estado de Emergencia es el Ejecutivo, con la aprobación del Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN.
“El único que puede decretar un Estado de Emergencia, con base en el artículo constitucional es el Ejecutivo Federal, con la consecuente aprobación del Congreso de la Unión. Yucatán no correspondería a un Estado de Emergencia, lo que puede hacer, dentro de sus competencias y facultades, es establecer reformas legales que impliquen sanciones por cometer conductas que se consideren delictivas, eso si lo pueden hacer, siempre y que estén en el ámbito de sus competencias. Habría que revisar la fundamentación que le den y si entra dentro de sus competencias. Los únicos que pueden imponer sanciones penales son los Congresos, a través del código penal local o la emisión de leyes especiales donde se contengan delitos. Sin ley, no puede haber delitos”.
¿Estarían actuando mal los gobernadores? Es un acto arbitrario, tienen muchos medios. Se pueden imponer sanciones administrativas si se viola el concurrir a lugares que pueden generar contagios. Hay un ámbito de sanciones administrativas, donde deberían actuar y deben actuar. No llegar al ámbito penal. Aquí, cuando se trata de un tema que interesa a todos y se someterá voluntariamente, creo que caer en ese tipo de cosas que lo que hacen es generar polémica y sacarnos a discutir temas que no deberían estarse discutiendo, pues me parece una irresponsabilidad.
Francisco Burgoa comparte que no es deseable llegar al Estado de Excepción que se contempla en el artículo de la Constitución, que sólo se ha aplicado una vez en años, durante la Segunda Guerra Mundial.
“Si el Presidente, con la Guardia Nacional, el Ejército, cualquier cuerpo policial, va a tener la capacidad para poder estar deteniendo a todas las personas que anden en las calles, es porque, tendríamos la emergencia sanitaria, un colapso de todo el sistema de salud, de hospitales públicos y privados. Sería un escenario que no me gustaría que llegáramos a menos que fuera necesario”, opina Burgoa.
La verdad de Samo
de Marzo de
Me da mucho gusto el poder anunciarles que este sábado, a las de la noche, tendremos el gusto de trasmitirles la entrevista que tuve con el cantante Samo, en mi programa de televisión El minuto que cambió mi destino, en Imagen Televisión. Como ustedes saben, él fue vocalista de Camila varios años, acumuló muchos éxitos al lado de Mario Domm, incluso llegaron a ser el grupo músico–vocal romántico popero más importante de México, alrededor de tres años fueron la locura en todo el continente americano y, de la nada, Mario anunció que se acababa el grupo y después, dice Samo, a él lo obligaron a renunciar a la banda por instrucciones de Mario Domm. Esta historia completa la podrán ver el sábado en mi programa y les aseguro que les va a encantar.
¿HASTA CUÁNDO?
Es la pregunta que me hago todos los días y seguramente usted también se la hace. ¿Hasta cuándo tenemos que estar guardados? ¿Hasta cuándo podremos hacer una vida cotidiana como antes?, ¿qué pasa si saludamos de mano o beso a alguien?, de inmediato nos asustamos al ver los medios de comunicación y las redes sociales, donde montones de famosos piden y sugieren que ni salgamos de casa, que nos alejemos de la gente, en México incluso sacaron un personaje llamado Susana Distancia… pero ahora veo a un doctor de alto nivel en la Secretaría de Salud diciendo que lo más grave vendrá en junio y julio, y esto se prolongará hasta octubre o noviembre. ¿Y mientras qué vamos a hacer?
Millones de personas en este país viven al día la mayoría, entre vendedores ambulantes, comisionistas, personas que venden artículos por catálogo, meseros, taxistas, transportistas, lancheros, artistas, actores, personas que viven de la industria turística, restaurantera, en fin, son millones de personas que no comen si no trabajan, si no chambean tampoco llevan comida a sus hijos y eso sí está muy complicado.
Entiendo que lo primero es la vida y la salud, pero, ¿cómo mantener a sus familias?, no lo sé, no me dedico a esto, pero claro que me preocupa y mucho. Desde estas líneas de Excélsior envío un cariñoso saludo y un abrazo solidario a todas y cada una de las familias.
JJ REGRESA A EU
Me da mucho gusto decirles que el comediante mexicano JJ, quien estuvo castigado por el Departamento de Migración de Estados Unidos por cinco años, finalmente fue exonerado. “Alguien” que dicen que fue un payaso que tenía un programa de televisión en Los Ángeles, California, lo denunció ante el Departamento de Inmigración y le quitaron la visa, lo sacaron de Estados Unidos y, por supuesto, tenía prohibido entrar y trabajar allá, pero él y Pepe Magaña contrataron, una abogada que hace un par de días les dio la buena noticia: consiguió que lo perdonaran e incluso con todo y nueva visa laboral. Por eso el gran público mexicano de Estados Unidos en breve podrá ver la gira del gran comediante de Chihuahua, JJ.
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General Díaz: Jugadores reciben aporte del gremio y APF se lava las manos
La causa de Ronaldinho Gaúcho, el preso más famoso de Paraguay, pasó de ser primera página a quedar opacada por el COVID-, que ha dejado tres muertes por el momento y a la población recluida en sus casas cumpliendo las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno.
Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, su hermano y encargado de sus negocios, cumplen este jueves días de prisión en la Agrupación Especializada, donde ingresaron tras ser imputados por uso de documentos públicos de contenido falso.
Con Paraguay enfocado en la lucha contra el COVID-, ante la constancia de que el sistema de salud pública colapsaría con una diseminación a gran escala de los casos, lejos quedaron los días en que el exjugador del Barcelona acaparaba el espacio informativo en la mayoría de los medios de un país donde el fútbol es parte de la realidad diaria.
Primero con su ingreso en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, a donde llegó el de marzo junto a su hermano y fue recibido entre una multitud de aficionados y las principales cadenas para cubrir ese acontecimiento.
Pocos días después con los focos puestos en su detención, al descubrirse que ingresó con pasaporte paraguayo auténtico, pero de contenido falso manipulado.
Y posteriormente con todos los medios desplegados para cubrir su comparecencia en las dos audiencias judiciales en el Palacio de Justicia, que ratificaron la prisión preventiva.
El exinternacional brasileño cumplió años el pasado de marzo en la Agrupación Especializada, en la que también cumple prisión preventiva un referente del fútbol de Paraguay, Ramón González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol APF y del Sportivo Luqueño e imputado por presuntos delitos de usura y blanqueo de dinero.
De hecho, la atención mediática más reciente se remonta a esa efemérides, en la que Ronaldinho fue agasajado con una comida por algunos internos, pero para retirarse al poco rato a su celda y sin mucho talante de celebración, según informaron testigos a algunos medios locales.
La aparición del coronavirus en Paraguay se tradujo, además, en nuevas medidas para toda la población carcelaria, a la que se le ha restringido las visitas, que en el caso de Ronaldinho ahora se limitan a sus abogados.
Los movimientos de la defensa de Ronaldinho pasarían ahora por solicitar una nueva revisión de medidas para sortear esa prisión preventiva y lograr un arresto domiciliario, ya rechazado antes por el juez y al que también se opone la Fiscalía.
La perspectiva de pena para los dos hermanos alcanzaría hasta los años de cárcel.
LA INCERTIDUMBRE LLAMADA DALIA LÓPEZ
Una de las incertidumbres en las que se encuentra la causa se debe a la situación de rebeldía de Dalia López, la empresaria paraguaya que recibió a Ronaldinho en el aeropuerto y que le contactó para prestar su imagen a una campaña de sanidad gratuita para niños y niñas en Paraguay.
López, en paradero desconocido y bajo orden de captura internacional, no se ha presentado a ninguna de las audiencias de imposición de medidas
Para su última ausencia alegó precisamente el peligro a contraer el coronavirus, ya que según sus abogados padece hipertensión y diabetes.
Los abogados de López presentaron este martes una apelación para revocar esa declaración de rebeldía, cuyo trámite fue rechazado este miércoles por un juez, según informaron los medios locales.
La empresaria está señalada por el Ministerio Público como supuesta cabeza de una red dedicada a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso .
López era prácticamente una desconocida para la opinión pública local hasta que recibió personalmente a Ronaldinho, y de quien no se despegó en ningún momento.
Sus abogados aseguran que la empresaria se limitó a encargar a unos gestores privados el trámite para conseguir documentos legales paraguayos a los dos hermanos ante la posibilidad de que establecerían negocios en Paraguay.
La investigación alcanza a más una decena de imputados y tiene también en el punto de mira por presunta corrupción interna al Departamento de Identificaciones.
El Senado haría sesión virtual para designar a nuevo ministro de la Corte
Los doctores César Diesel, Delio Vera Navarro y Gustavo Santander son los integrantes de la terna de candidatos remitida por el Consejo de la Magistratura el de marzo pasado al Senado, que debe designar a uno de ellos para cubrir la vacancia en la Corte dejada por Miryan Peña, quien al cumplir la edad límite de años se jubiló en enero pasado.
El senador Blas Llano PLRA, presidente del Senado, dijo que más allá de la cuarentena y las medidas de distanciamiento social establecidas por el Gobierno, el Senado está obligado a tomar una decisión, teniendo como plazo límite el de abril.
Adelantó que la definición se podría dar en una sesión virtual, en caso de que ya estén dadas las condiciones técnicas para llevarla a cabo en la fecha límite para tratar la terna.
El pleno ya aprobó la implementación de sesiones plenarias y de comisión a distancia a través del sistema de videoconferencias, pero aún no cuenta con el equipamiento técnico e informático para llevarlas adelante, admitió Llano. “Ojalá que antes del de abril podamos ya tener esa alternativa sesiones virtuales”, dijo el legislador, en una entrevista con ABC Color.
El precio
El costo de los equipos para aplicar el sistema sería de US$ ., según el presupuesto acercado por el Departamento de Informática del Senado al presidente.
Una de las dificultades que se plantean es que, en la situación actual, a la comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de evaluar la terna, le será difícil convocar a los candidatos para que comparezcan y escuchar sus propuestas.
Dicha comisión, presidida por el senador Juan Darío Monges, también tiene la posibilidad de hacer una sesión virtual con los candidatos, pero requeriría mayores previsiones tecnológicas para realizar la tarea sin complicaciones y con toda claridad.
Cuestionamientos
La terna de candidatos fue objeto de fuertes cuestionamientos por el procedimiento seguido por el Consejo de la Magistratura. Según la opinión de gremios de abogados y juristas, el procedimiento seguido por el Consejo no se ajustó a su reglamento interno.
El vicepresidente primero de la Cámara, Martín Arévalos ANR-Añetete, consideró que estas irregularidades son suficiente para el rechazo y la devolución de la terna, una posibilidad que se está debatiendo seriamente, dijo también el senador Patrick Kemper Hagamos. El senador Sergio Godoy ANR-HC consideró que la devolución de la terna sería un antecedente muy peligroso. A Diesel se le cuestiona su amistad con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien habría operado ante el Consejo para que el mismo sea ternado, pese no figurar en los primero lugares. A Vera Navarro se le critica el hecho de que en la computadora de su despacho se encontró un esquema para liberar a narcos a cambio de dinero, que incluso salpicó a ministros de la Corte.
Se necesita una mayoría simple
Para que el Senado designe a uno de los candidatos de la terna como nuevo ministro de la Corte es suficiente la mayoría simple de votos, es decir, la mitad más uno de los presentes en la sesión. El quorum mínimo es de . Esto se debe a que el artículo de la Constitución solamente no establece una mayoría calificada, sino que la simple para designar al nuevo ministro de la Corte Suprema.
El candidato que resulte designado deberá posteriormente tener el acuerdo del Poder Ejecutivo, según establece el mismo artículo. En caso de no dar el Ejecutivo su acuerdo, no existe ninguna previsión constitucional ni legal.
Coronavirus: qué impacto tendrá la ayuda económica que reciban los inmigrantes en la determinación de carga pública
Inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos, pagan impuestos y se aprontan para recibir los cheques de ayuda que enviará el gobierno para aliviar la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, se preguntan si ese dinero les afectará en el futuro cuando soliciten, por ejemplo, la residencia green card.
¿Les negarán la petición de cualquier tipo de beneficio migratorio por recibir dinero del gobierno? ¿Recibirán una determinación negativa por carga pública?
La semana el presidente Donald Trump firmó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus CARES, un rescate económico sin precedentes de $. billones de dólares % del PIB para enfrentar la pandemia y ayudar a los estadounidenses. “Esto brindará el alivio que se necesita con urgencia”, dijo el mandatario tras promulgar la ley.
El dinero, además de apoyar a las empresas y asistir a los proveedores de atención médica, también ayudará a las familias, con el envío de cheques a quienes han pagado impuestos, pero deja fuera a millones de indocumentados, luso aquellos que tributaron con un Número de Identificación Personal del Contribuyente ITIN para garantizar que, en el futuro, en el caso que el Congreso apruebe una reforma migratoria, se les permita legalizar sus permanencias en Estados Unidos.
Pero la duda está entre aquellos inmigrantes que les llegará el cheque, tienen trámites de inmigración pendientes o piensan en el futuro solicitar un beneficio. Univision Noticias consultó a expertos y esto fue lo que dijeron.
Falta información
Abogados advierten que muchas preguntas no están respondidas en la ley. “Faltan descripciones”, dice Jaime Barrón, un abogado de Inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de una legislación aprobada prontamente por una situación de emergencia. Pero sospechamos que los cheques que envíe el gobierno no serán considerados como carga pública, ya que no está dirigido a un grupo en particular de inmigrantes, sino que se trata de una ayuda enviada por razones de emergencia y sobre la base del monto que las personas han ganado y tributado”.
Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, comparte la opinión de Barrón. “El cheque no es carga publica, está basado en los ingresos de la persona y los ingresos que declaró al Servicio de rentas Internas IRS”.
“ Definitivamente no debería ser considerado este cheque como carga pública. El único problema es que las personas que tienen un cónyuge sin documentos, sin un número de seguridad social, pues ellos no van a recibir esta ayuda”, agregó.
Velásquez dijo que, de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, “los indocumentados, aunque hayan pagado impuestos con un ITIN, el gobierno no les va a enviar ayuda”.
“Los trabajadores legales que trabajan y pagan impuestos, no debería afectarles en el futuro cuando pidan un beneficio migratorio”, dice Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. “Pero los que usan ITIN no recibirán nada. Eso es una barbaridad. Sin ellos los más vulnerables, los que ahora están en los campos trabajando para que sigamos comiendo mientras dura esta pandemia”.
Más de millones de indocumentados usan los números ITIN para pagar sus impuestos en Estados Unidos.
Dudas sobre el tapete
A pesar de las respuestas que los abogados dan a la pregunta respecto a si afectará o no en el futuro los cheques de ayuda que envíe el gobierno en la determinación de Carga Púbica, el National Immigration Law Center NILC precisa que, la mejor respuesta es que el gobierno “detenga la implementación de la nueva regla de carga pública” que entró en vigor el pasado de febrero.
“Esta crisis de salud pública mundial ha servido como un recordatorio urgente de que nuestra salud y bienestar colectivos son profundamente interdependientes, y que es crucial contar con políticas de recuperación inclusivas para que todos estemos sanos y seguros”, agregó.
Sin embargo, indicó, “estos proyectos de ley no cubren las necesidades económicas y de atención médica más básicas de millones de estadounidenses, incluidos los trabajadores inmigrantes y las familias que están en la primera línea de cuidado de nuestras comunidades durante esta pandemia, proporcionando servicios cruciales mientras que otros pueden refugiarse en hogar”.
Lista de recomendaciones
El NILC dice que para asegurar que la ayuda tenga el impacto deseado en la comunidad inmigrante, sobre todo aquellos que temen repercusiones por buscar ayuda o han sido disuadidos de hacerlo por temor o duda, que el Congreso “detenga la implementación de norma de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional DHS y del Departamento de Estado DOS, y reinstalar la política de ”, que se aplicaba antes del de febrero.
Esto, dice la organización, garantizará que en el futuro la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración USCUS no considere el uso de cualquier tipo de beneficio público como una carga pública.
También pide al gobierno que detenga “cualquier otra acción por parte de las agencias federales para alterar las políticas de larga data sobre carga pública” y permitir el libre acceso de inmigrantes a la atención médica en la lucha contra el covid-”.
El NILC dijo que estas medidas son necesarias “para mantener a los inmigrantes, sus familias y la comunidad en general seguros y saludables durante este tiempo. “El compromiso cívico y la salud y seguridad públicas deben mantenerse a salvo y fuera de los límites de la actividad de aplicación de la ley de inmigración. Esto ayudará a las comunidades inmigrantes a quedarse en casa y enfocados en mantenerse saludable o capaces de acceder a espacios cruciales como instalaciones médicas sin el temor adicional de ser separados de sus familias y experimentar una erosión de sus familias”, indicó el centro.
La entidad también pidió al gobierno y al sector privado proteger a sus trabajadores, principalmente a los que laboran en la primera línea de contención de la pandemia, entre ellos alrededor de , dreamers que ejercen en el sector salud.
Univision Noticias pidió al DHS vía correo electrónico si tenía alguna política específica que esclareciera la duda. Al cierre de esta nota no había respuesta.
Cárceles: una bomba de tiempo bien conocida, con nuevos detonantes
A pesar de que el de marzo se decretó el estado de emergencia en el país por la pandemia de coronavirus, y aunque el de este mes se decretó la emergencia carcelaria, ni el Gobierno ni el Inpec han adoptado medidas de fondo para proteger la salud, la alimentación y sanidad de los presos , y la única medida preventiva ha sido la suspensión de visitas.
Ese es el argumento con el que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz presentó una tutela ante un juez de Tunja, en representación de los presos de la cárcel de Cómbita, Boyacá, pidiendo medidas urgentes para protegerlos de covid-.
Aunque aún no hay una decisión de fondo, el juzgado tomó medidas cautelares para que en horas el Gobierno y el Inpec garanticen el acceso de agua potable continuo para los internos de Cómbita, instando a las autoridades para que extiendan estas medidas a toda la población carcelaria.
También para que les den a las personas presas los elementos que necesiten para afrontar la crisis sanitaria como jabón y elementos de aseo.
En el recurso judicial se menciona, por ejemplo, la falta de agua las horas del día y de tapabocas o antibacteriales en las cárceles de Valledupar, Jamundí, la cárcel Palogordo y Chinita, en Bucaramanga. También se habla de los enfermos de tuberculosis, gripe y diarrea en La Picota que están en riesgo y para quienes aún no hay medidas de fondo.
Y es que por el grave hacinamiento en las cárceles, expertos y varias ONG aseguran que estos centros penitenciarios son una bomba de tiempo en donde, si hay un contagiado, la situación se volvería crítica.
Para hacerle frente a este riesgo, aunque se decretó la emergencia carcelaria, aún no ha sido expedido el decreto con el que se enviaría a casa por cárcel a entre . y . presos. Según el Ministerio de Justicia, esta normativa fue enviada a la Secretaría Jurídica de Presidencia , que deberá revisarla o modificarla antes de que pase a sanción presidencial.
Ante la demora para expedir el decreto, el Colegio de Abogados Penalistas lamentó la falta de medidas urgentes ya que “el riesgo de contagio de covid- es latente”.
Lo mismo piensa Fernando Rodríguez Kekhan, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien dijo que resulta indispensable tomar medidas para “salvaguardar la vida de la población carcelaria”. Aunque por el momento no se conoce ningún caso de algún preso contagiado, dijo que si no hay una salida para descongestionar las cárceles, lo que se avecina será “una tragedia anunciada de incalculables proporciones, incluido para el cuerpo de custodia, que también está en riesgo de contagio”.
Si no hay una salida para descongestionar las cárceles, lo que se avecina será “una tragedia anunciada de incalculables proporciones
Procesos por muertes
El Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec, ya están trabajando para arreglar las instalaciones afectadas en La Modelo y en otros establecimientos de reclusión del país que se vieron afectados.
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La tutela en Tunja expone que los amotinamientos en cárceles del país el pasado de marzo, que dejaron personas muertas y heridos en La Modelo de Bogotá, respondió a una protesta pacífica de los presos por la falta de medidas para prevenir la propagación de covid-.
Ante esos hechos, investigadores de la Fiscalía realizarán esta semana entrevistas como parte de la investigación por el motín. Los encargados del proceso no solo buscan establecer cómo se organizaron las protestas coordinadas en varios penales, sino la causal concreta de cada una de las muertes.
Medicina Legal ya entregó a la Fiscalía los dictámenes de las necropsias de las víctimas para intentar establecer cómo murieron. Durante el motín, algunos presos señalaron que hubo agresiones de algunas personas de un patio a los internos de los otros patios, por lo que se busca tener claridad de quién es responsable de cada agresión. Así, se investiga tanto a internos como a la guardia penitenciaria.
Para lograrlo se cuenta con el registro de las armas de la guardia que se compara con las heridas que se encontraron en las víctimas.
La Fiscalía también investiga si hubo alguna articulación con redes ilegales en los motines, y si información falsa sobre casos de coronavirus en prisiones terminaron produciendo la protesta.
De otro lado, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para conocer mejor los hechos e identificar si hubo fallas disciplinarias. También se ordenó inspeccionar las armas de los dragoneantes.
¿Por qué el coronavirus implica una grave amenaza en las prisiones?
A nivel nacional, el hacinamiento es de , %, pero hay cárceles en las que llega al %.
Con un hacinamiento del por ciento, la cárcel de Riohacha, en La Guajira, es el centro penitenciario más sobrepoblado del país. Las personas duermen en un espacio de medio metro o en hamacas colgadas en donde haya un hueco disponible. Sin sanidad ni agua potable suficiente, esta cárcel que cumple años, es un hervidero. Si un interno llegara a contagiarse del nuevo coronavirus, así como viven, confinados unos sobre otros, resultaría casi inminente que los presos del penal también se contagien.
De ese tamaño es el riesgo que hoy vive la población detenida en las cárceles del país, que volvieron a concentrar la atención de gobernantes y ciudadanos tras los graves amotinamientos de hace más de una semana.
La situación llevó al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria por tercera vez en la historia del país, con el fin de tomar medidas mucho más expeditas, para mejorar la sanidad en estos centros penitenciarios y prevenir la llegada de la covid- a las prisiones.
Adicionalmente el Gobierno dijo que alistaba un decreto -que aún no ha sido expedido- para que entre . y . internos puedan salir a casa por cárcel, especialmente la población con más riesgo como los mayores de año, madres gestantes, personas con cáncer, VIH, y otras enfermedades, así como los que son investigados por delitos menores o culposos.
Todas las medidas urgen porque las cárceles son una bomba de tiempo en la que todos sus males están sobrediagnosticados desde hace por lo menos siete años, cuando la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en las prisiones, ya que estos sitios concentran violaciones a los derechos humanos.
Hoy el hacinamiento en el sistema carcelario es del por ciento. Mientras hay cupo para . personas, las cárceles tienen por lo menos a . detenidos de más , sin capacidad para ello. En total, albergan a . presos entre quienes el virus se podría propagar fácilmente si entra a prisión.
Con ese nivel de hacinamiento, si hay un contagio masivo en prisiones, no solo colapsaría el sistema penitenciario, también la política criminal y el sistema de salud colombiano, que hoy ya es deficiente para los detenidos.
En ese crudo escenario ¿son suficientes las medidas que hasta ahora se han conocido para enfrentar este riesgo?
Para Hernando Herrera, director de Excelencia en la Justicia, las medidas del gobierno de sacar algunos presos no va a solucionar el problema de fondo. “Cuando a uno le hablan de una sobrepoblación de . reclusos, sacar a . -aunque muestra buena voluntad- puede ser una medida poco eficiente”, dijo.
Cuando a uno le hablan de una sobrepoblación de . reclusos, sacar a . -aunque muestra buena voluntad- puede ser una medida poco eficiente
Según Herrera, la crisis es responsabilidad de todos los últimos gobiernos que han dejado a un lado su deber de construir nuevas cárceles o ampliar cupos. Por eso una dificultad de fondo, dice, es que según la Contraloría el por ciento de la infraestructura penitenciaria es inadecuada y no cumple los estándares mínimos para la buena vivencia. De cárceles, asegura, unas tendrían más de años de construcción, incluso hay que ya celebran su primer siglo.
Según el abogado penalista Francisco Bernate, lo grave en el nuevo escenario del coronavirus es que, si no se toman medidas de fondo, podría cobrar vidas humanas en una población en donde el hacinamiento haría más rápida la propagación del virus.
Una dificultad de las excarcelaciones que busca el Gobierno es que, según Bernate, enviar a los presos que quiere el gobierno a casa por cárcel requeriría de más jueces. Por eso afirma que se debería crear por lo menos juzgados nuevos virtuales , que puedan resolver la situación de forma expedita porque la justicia ya está colapsada.
Otro problema de fondo que habría que resolver -con o sin coronavirus- es hacer una política criminal más inteligente. Según Bernate, van por lo menos reformas a las reglas penales aumentando penas, creando nuevos delitos y eliminando beneficios, pero no hay reformas -que aunque no caigan bien en la opinión pública- busquen descongestionar las cárceles en donde algunos delitos puedan tener multas en lugar de prisiones. “Por eso siempre se construyen nuevos cupos que resultan insuficientes”, dijo.
Al respecto, frente a las excarcelaciones, Hernando Herrera asegura que estas deben priorizar a quienes tengan un mal estado de salud, y no permitir que reincidentes en delitos como el hurto, narcotráfico o que delincuentes de cuello blanco y presos por corrupción, salgan presos.
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Así, para Herrera, mientras sería conveniente a largo plazo despenalizar delitos menores, como el famélico que se comete por hambre, u otros, se debe propender porque esto “no se convierta en un exceso de beneficio para el delincuente”, pues a su juicio el derecho penal es una barrera de contención para proteger a las víctimas.
Según la Contraloría General, que desde el año pasado ha visitado más de cárceles en el país, hay varios factores que hacen que la crisis sea muy peligrosa y difícil de resolverla.
Una dificultad, afirma la Contraloría, es que los problemas de cada una de las cárceles son muy distintos, por lo que hay que pensar en medidas también particulares.
Hay que actuar de manera inmediata de forma segura. Las cárceles no pueden ser un detonante permanente
En la Picaleña de Ibagué, por ejemplo, hay celdas cerradas por un problema de redes hidráulicas y eléctricas. Eso significa que el hacinamiento podría ser incluso más grave de lo que dicen las cifras oficiales, porque hay cupos no disponibles que se están reportando como existentes. En la Picaleña, además, dice la Contraloría, donde hoy hay . presos, hay un problema muy complicado de agua, y aunque la cárcel quería hacer una exploración de pozos profundos en un lote aledaño, ese predio era del Ministerio del Interior y Justicia y hoy no se sabe quién lo tiene.
La cárcel de La Dorada, en donde en el los presos tramitaron . tutelas, aunque sus instalaciones cumplen criterios mínimos, sufren por hacinamiento, calor y falta de agua.
Otra dificultad, dice la Contraloría, es que aunque el año pasado, por ejemplo, se hicieron proyectos nuevos para crear cupos en Girardot, Girón e Ipiales, estos están desfados en el tiempo y avanzan a paso muy lento.
Un riesgo latente es que, si aumenta el descontento entre los detenidos por la falta de garantías para sus derechos humanos y la situación se vuelve dramática, con motines como los que se vivieron el de marzo, estos serían difíciles de contener porque hay patios en donde hay más de internos que solo son vigilados por dos presos del Inpec, ya que no hay más guardas.
A la Contraloría también le preocupa que son muy pocos actores los que se interesan realmente por mejorar la situación carcelaria porque, a menos que alguien tenga un familiar detenido, muchos no ven a las cárceles como una prioridad.
De hecho, es un tema impopular que no consigue votos ni réditos políticos. Esa es tal vez una explicación de por qué aunque los . sindicados que hay en el país deberían ser responsabilidad de las alcaldías y gobernadores, según la Contraloría casi ningún ente territorial aporta para mejorar las condiciones de esos reclusos. Algunos de esos sindicados, entre otras cosas, llevan meses y años detenidos, sin que se les resuelva su situación jurídica, empeorando el hacinamiento.
Según Indira Velásquez, del Instituto Rosarista de Acción Social, la covid- afecta la salud mental de los detenidos, aumenta las presiones sobre una población que no tiene recursos, que tiene comida y espacio limitado, e intimidad nula.
Por eso asegura que controlar un contagio en cárceles sería muy difícil, con la dificultad de que, además, no hay personal suficiente para trasladar a presos a centros médicos, aislarlos y, a su vez, vigilarlos. “Hay que actuar de manera inmediata de forma segura. Las cárceles no pueden ser un detonante permanente”, dijo Velásquez.
Las URI, también en riesgo
Esta semana la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y a los entes territoriales tomar medidas para prevenir el contagio de covid- en la población que está presa en centros de detención transitoria. En estos sitios, conocidos también como URI o estaciones de policía, mientras hay cupo para . personas, están detenidas ., con un hacinamiento del por ciento.
Representante de Dios
de Abril de
Algunos de sus partidarios seguirán aplaudiendo todo lo que haga, lo que deje de hacer, lo que diga y lo que calle. Son los feligreses, los que, cegados por su devoción, son incapaces de una evaluación razonable de sus actos porque lo veneran religiosamente: es el indiscutible, el infalible, el intocable. Esa idolatría queda expresada perfectamente con la caracterización que hace el cura Alejandro Solalinde: “AMLO no es Dios, pero es uno de los mejores representantes de él” entrevista con Fernando del Collado, Milenio. Difícilmente podrá encontrarse una muestra similar de fanática reverencia.
Otros de sus votantes están desconsolados. Llevados por una decepción airada de los gobiernos anteriores, creyeron ver en el político que mandó al diablo a las instituciones y repetía una y otra vez que una mafia nos gobernaba —la mafia en el poder— al hombre que se necesitaba en la Presidencia para que el país fuera conducido en la mejor dirección. Pero pronto quedaron estupefactos con la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional; el despido injustificado de decenas de miles de burócratas de niveles modestos, de médicos y enfermeras; la eliminación del apoyo a las estancias infantiles y a los comedores populares; la desaparición del Seguro Popular y los recortes presupuestales al sector salud; el ataque rabioso a los organismos constitucionales autónomos; las leyes penales que vulneran el principio de presunción de inocencia y la imposición fraudulenta de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras cosas.
De tales compungidos no son pocos los que ya no simpatizan con el Presidente. Tienen claro que éste no es el cambio que esperaban. Andrés Manuel López Obrador no es igual a sus antecesores, como él reitera una y otra vez: ninguno de ellos había emprendido con tal entusiasmo y tal eficacia la devastación del país. Además de las medidas apuntadas en el párrafo anterior, la economía se ha hundido y la criminalidad alcanza la incidencia más alta desde que se lleva registro oficial. Pero López Obrador es incapaz de admitir un solo cuestionamiento. Cuando se le ha señalado, con base en las cifras oficiales del Inegi, que en ambas materias el país va muy mal, él asegura que tiene otros datos, aunque no precisa cuáles ni de qué fuente.
Algunos de sus desplantes son inequívocamente ofensivos con las víctimas de delitos y los familiares de éstas. Se rehusó a reunirse con Javier Sicilia y Julián LeBarón, quienes sufren una de las peores penas imaginables: el hijo del primero y tres mujeres y seis niños de la familia del segundo fueron asesinados. El motivo que dio el Presidente para no recibirlos fue que no quería que se montara un show en desdoro de la investidura presidencial, como si una conversación con Sicilia y LeBarón hubiera sido un espectáculo frívolo. En cambio, tuvo un encuentro con la madre y el abogado del Chapo Guzmán, uno de los criminales que más han dañado y destruido vidas, y ese encuentro sí que se convirtió en una exhibición que ha dado la vuelta al mundo y nos ha dejado atónitos.
El Presidente adujo que la mujer es una anciana respetable con independencia de lo que haya hecho su hijo y que él, en el desempeño de sus tareas, saluda con frecuencia a delincuentes de cuello blanco. López Obrador no precisó a quiénes se refería, pero sabemos que suele difamar o calumniar a quienes difieren de sus prejuicios ideológicos y a quienes considera, con razón o no, afines o beneficiarios de los gobiernos anteriores al suyo. Pero la salutación a la madre del Chapo, a quien tuteaba como sólo suele tutearse a las personas con las que se tiene cercanía cordial o afectuosa, causa escalofrío.
López Obrador convirtió en obsesión su deseo de llegar a la Presidencia. Lo logró al tercer intento. ¿Quién iba a pensar que, una vez logrado su objetivo, iba a dedicar sus afanes a demoler los insuficientes, pero importantes avances del país, entre ellos el de la atención a la salud, cuya importancia se valora más que nunca en las actuales circunstancias? ¿Quién iba a imaginar que, una vez conseguida la Presidencia, iba a emprender una rencorosa venganza contra las instituciones y los ciudadanos que en las dos ocasiones en que previamente lo intentó no le concedieron la realización de su sueño pertinaz?
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